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La Radio de la Música
Defensa colocó la mira en una serie de compromisos que la Fuerza Aérea firmó con Fadea
El Ministerio de Defensa de la Nación analizó los contratos que la gestión de Cristina Kirchner firmó durante los últimos años con empresas a las que se les encargaron drones, aviones, modernización de tanques y embarcaciones militares y detectó que el Estado pagó millones por desarrollos o materiales que nunca recibió o que los procesos de modernización de unidades que se encargaron presentan retrasos llamativos.
Según publicó Todo Noticias (TN), el medio accedió a documentos que muestran que se destinaron más de $ 200 millones al proyecto de Sistema Aéreo Robótico Argentino (Sara) que tenía como objetivo desarrollar dos prototipos de vehículos aéreos no tripulados los que no se completaron y que se investiga la entrega de millones de dólares para el desarrollo de aviones Pampa, Pucará e IA100 que no se entregaron.
El Ministerio de Defensa de la Nación analizó los contratos que la gestión de Cristina Kirchner firmó durante los últimos años con empresas a las que se les encargaron drones, aviones, modernización de tanques y embarcaciones militares y detectó que el Estado pagó millones por desarrollos o materiales que nunca recibió o que los procesos de modernización de unidades que se encargaron presentan retrasos llamativos.
Según publicó Todo Noticias (TN), el medio accedió a documentos que muestran que se destinaron más de $ 200 millones al proyecto de Sistema Aéreo Robótico Argentino (Sara) que tenía como objetivo desarrollar dos prototipos de vehículos aéreos no tripulados los que no se completaron y que se investiga la entrega de millones de dólares para el desarrollo de aviones Pampa, Pucará e IA100 que no se entregaron.
La historia de los drones comenzó en 2015, cuando se suscribió un contrato entre el Ministerio de Defensa y la Investigación Aplicada (Invap) para desarrollar dos prototipos operativos de Sistemas Aéreos No Tripulados que debían ejecutarse en un plazo de siete años a cambio de $ 2.095.900.000. El proyecto en total contemplaba vehículos aéreos no tripulados, una estación terrena de control, sistemas de comunicaciones y un paquete de tecnología para blancos aéreos de alta velocidad.
Desde las cuentas de Defensa partieron para el Invap unos $ 200.470.000, además de otros $ 45 millones facturados, pero no cobrados en el marco de este convenio. Sin embargo, en 2016 el contrato quedó en stand by y en noviembre de 2017 la cartera que por entonces dirigía el cordobés Oscar Aguad le solicitó al Invap que informe el grado de avance del contrato Sara con sus respectivos costos detallados. Al mismo tiempo se le pidió a este organismo que reformule el alcance del contrato pero desde entonces la propuesta no tuvo avance alguno.
Durante la entrega de cinco tanques TAM modernizados, el ministro de Defensa, Luis Petri, no ocultó su malestar por las transferencias de dinero en el marco de ese convenio. “Se llevan invertidos más de U$S 21 millones en proyectos para la realización de drones, y al día de hoy no tenemos un solo dron de fabricación nacional y el desafío es tener, fabricar, producir drones en Argentina para que posibiliten el control y vigilancia de nuestras fronteras, el control y vigilancia de nuestro espacio aéreo marítimo”, remarcó.
Este y otra serie de contratos más están siendo investigados por la cartera de Defensa para evaluar si se cometieron delitos penales en la asignación de los fondos públicos o si existió algún tipo de desvío de ese dinero. Para eso se requirieron auditorías a las distintas empresas de la defensa como la Fábrica Argentina de Aviones; el Complejo Industrial y Naval Argentino Tandanor y Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE). Del resultado de esos trabajos se podrían desprender presentaciones judiciales.
AUTOR: MIRÁ EL NORTE