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Docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales realizarán una medida de fuerza este lunes 17 y martes 18 de marzo. Además, marcharán el miércoles 19 en defensa de los jubilados. Reclaman recomposición salarial y denuncian desfinanciamiento del sistema universitario.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que nuclea a los principales gremios de docentes y trabajadores no docentes de las instituciones de educación superior, confirmó un paro de 48 horas para el lunes 17 y martes 18 de marzo en todas las universidades públicas del país. Asimismo, convocaron a una movilización en defensa de los jubilados para el miércoles 19 a partir de las 17 horas.
Desde el espacio gremial, instaron a «todos los sectores de la sociedad tanto público como privado, organizaciones sindicales, sociales y políticas a pronunciarse y apoyar las acciones en defensa de la Universidad Pública con salarios dignos. Por la recuperación de nuestro salario y por la convocatoria urgente a paritaria”.
El reclamo docente se centra en “la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el desfinanciamiento de las universidades nacionales”. En este sentido, desde el Frente Sindical denunciaron que los incrementos otorgados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU) son insuficientes para hacer frente a la inflación. «Se ofreció un aumento de 1,5% para enero y de 1,2% para febrero, cifras que no logran revertir la caída salarial registrada durante 2024», señalaron.
Además, advirtieron que la inversión en infraestructura y mantenimiento universitario seguirá en valores aprobados en 2023, ya que el Gobierno decidió transitar el año sin una nueva ley de Presupuesto. «El Gobierno nacional no solo intensifica la crisis salarial de los sectores docente y no docente, sino también desconoce el ámbito paritario como espacio de discusión en el que se dirimen las diferencias, se encauzan los conflictos y se generan los acuerdos acerca del salario y las condiciones de trabajo», afirmaron.
“Arbitrariedad en el manejo de fondos públicos”
En la misma línea, Federico Montero, secretario de Organización de CONADU, sostuvo: “No tenemos presupuesto universitario por una decisión política del Gobierno Nacional de no debatirlo en el Congreso. Esto significa que se manejan con una prórroga del presupuesto del año anterior, lo cual no solamente implica consolidar la pérdida presupuestaria y salarial que teníamos, sino la completa arbitrariedad en el manejo de los fondos públicos, dando lugar a la extorsión por parte del Gobierno respecto de quiénes reciben y quiénes no”.
Montero también vinculó la situación con el reciente acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional: «Esto se suma a una serie de medidas que son parte de un gigantesco proceso de transferencia de ingresos de los sectores populares hacia el capital concentrado del país. Que, en consonancia con el anuncio de un acuerdo con el FMI en los días pasados, reafirma una mayor dependencia y la aceptación de ciertas condicionalidades. Sabemos, por ejemplo, que está en la mira el sistema de jubilaciones en la Argentina”.
Por su parte, Luis Condori, de la Unión Docentes Argentinos (UDA), hizo referencia al escenario político y la necesidad de involucrarse en los próximos procesos electorales: “Creo que tenemos que seguir militando con los compañeros, con los ciudadanos de cada uno de los rincones para concientizar en la importancia del voto. Es una tarea larga, ardua, pero no hay que dejar de intentarlo”.
“Nos están haciendo pasar hambre y nos están afectando la salud”
Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Tecnológicas (FAGDUT), Norberto Heyaca alertó sobre el impacto del deterioro salarial en las coberturas de salud: “Durante el gobierno libertario hemos perdido cuatro sueldos frente a la inflación. Y esos cuatro sueldos también los perdieron nuestras obras sociales. Por eso tenemos serios problemas en las universidades para sostener la salud de los docentes y no docentes. Nuestras obras sociales han tenido que cortar convenios, que restringir prestaciones. No solo nos están haciendo pasar hambre, además nos están afectando la salud”.
Por último, Marcelo Creta, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), criticó las políticas gubernamentales: “La política que está llevando adelante este Gobierno no solamente es un ajuste salvaje sobre los trabajadores y los que menos tienen, sino un Estado fascista que anula todas las condiciones del Estado de Derecho”.
“La política de ajuste no cierra si no es con represión salvaje. Porque los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general no están dispuestos a perder el Estado de Derecho. Esos derechos y una justicia social que los libertarios entienden como privilegios. Y como son fascistas se creen con derecho a reprimirnos, a pegarnos en la calle, y a denostar cualquier actividad que hacemos a través de su aparato de propaganda permanente”, concluyó Creta.
