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Hace algunos días presenté en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que pide se declare la emergencia hídrica en Santa Cruz.
La situación es muy grave y exige el reconocimiento nacional de la emergencia. Esto habilitaría el financiamiento de las obras que necesitamos para contrarrestar y mitigar los efectos de la falta de agua en la provincia.
Todavía espero la respuesta oficial del petitorio entregado hace más de un mes a la ministra Secretaria General de la Gobernación, Claudia Martínez. En uno de los puntos del documento reclamo el avance de las obras que permitan asegurar el suministro de agua potable en todas las localidades y de la aplicación de políticas públicas de preservación del medio ambiente que eviten la contaminación. Desde ese momento hasta ahora no pasó nada, apenas si escuchamos decir al legislador Matías Mazú que el agua en la cuenca “no es potable, pero es apta para consumo humano” y fuimos testigos que la gobernadora Alicia Kirchner se fue a Israel a buscar soluciones que parece no encontrar en Santa Cruz.
Dentro de este contexto, también requerí al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) informes sobre la situación hídrica en Santa Cruz, y me reuní con la agrupación “Vecinos por el Agua” de Caleta Olivia. Próximamente haré lo mismo con vecinos autoconvocados de diferentes localidades que vienen trabajando en esta cuestión y no son escuchados por los funcionarios.
Además, solicitaré audiencia con las autoridades de la Sociedad Cooperativa Popular Ltda de Comodoro Rivadavia, del Instituto Nacional del Agua (INA), del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), de Servicios Públicos de Santa Cruz (SPSE), del Observatorio del Agua (OA), del Consejo Agrario Provincial (CAP), e Instituto de Energía de Santa Cruz; quiero escuchar de viva voz las acciones y políticas hídricas que se están llevando adelante para contener la crisis.
Al mismo tiempo instruí a los legisladores provinciales y ediles de SER Santa Cruz para que vuelvan a cursar pedidos de informes a todos los entes del Estado provincial que están, o estuvieron, afectados a la emergencia hídrica establecida por ley 3736, prorrogada por decreto 3772. Y soliciten datos precisos a las empresas mineras y petroleras sobre el caudal de agua que consumen diariamente para realizar su actividad.
La sociedad tiene que conocer: qué acciones se desarrollaron en este tiempo para mejorar la entrega de agua potable, dónde fueron a parar las partidas presupuestadas asignadas, en qué se invirtió, cuáles obras se comenzaron, qué objetivos se cumplieron durante esta emergencia, dónde las empresas petroleras y mineras obtienen el agua, cuánto pagan por su utilización y quién las controla.
A través del proyecto de ley ingresado a la Cámara Baja, pido al Estado Nacional que coordine y facilite todos los recursos e instrumentos que nos permitan hacer frente a la crisis que atravesamos. La situación empeora año tras año. El cambio climático acelera las condiciones extremas, el crecimiento de la población, sumado a la falta de obras públicas potencian la situación de déficit y escases de este elemento esencial.
El gobierno nacional debe comenzar con la construcción del acueducto “Lago Buenos Aires”, y llevar adelante el estudio de prefactibilidad del proyecto del codo del río Senguer. Otro de los proyectos que debería analizarse es el que se refiere a la posibilidad de perforar treinta pozos de baja profundidad para aprovechar el curso subterráneo del río Deseado. Sobre esto último, me comprometí con los vecinos a interceder ante las empresas petroleras, mineras y pesqueras para que financien las obras, el cual no demandaría un gran costo en relación con las ganancias que obtienen por recursos naturales y el volumen de agua que utilizan para llevar adelante la extracción o producción de su actividad.
La cuestión del agua debe ser prioritario en todos los escalafones del Gobierno nacional, provincial y municipal. Es tiempo de decisión, de responsabilidad y acción. Es necesario que se brinde asistencia, contención y un marco de tratamiento especial a la situación, garantizando el consumo de agua potable para los habitantes de esta provincia, de acuerdo con lo que establece la Constitución.
Desde hace años vengo insistiendo con la necesidad de explorar alternativas para la provisión de agua, pero también en trabajar en educación y en políticas de mediano y largo plazo que contribuyan al uso racional del agua, tratamiento de efluentes cloacales y de aguas grises.
Padecemos las consecuencias de un modelo político agotado que solo genera inequidad y desigualdad. La falta de inversión, de proyección, de obra pública; sumado a la explotación de nuestros recursos ambientales sin control ni planificación afectan nuestro desarrollo y condicionan nuestro futuro.
Si estamos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no podemos estar viviendo este presente de decadencia y desidia por parte del gobierno de Alicia Kirchner. Estamos lejos de cumplir con el objetivo de alcanzar en 2030 la cobertura total de agua potable y del 80 por ciento de los servicios de saneamiento.
A las autoridades provinciales parece no importarles la suerte que corran las y los santacruceños. Si viven, mueren, se enferman o no pueden producir. El problema está en la mala gestión de los recursos y los intereses privados en la que se basa la escasez
